Tras la feria judicial se reanudó el debate del juicio por crímenes de lesa humanidad perpetuados en el centro clandestino de detención (CCD) La Cacha, que reúne las causas n° 3389/12; 3471/13 y 3494/13. A lo largo de tres jornadas de debate los imputados Roberto Gargano, Jorge Héctor Di Pasquale, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Jaime Lamont Smart, Claudio Raúl Grande y Anselmo Pedro Palavezzatti decidieron hacer uso de la palabra ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de La Plata.

 

   A través de una teleconferencia desde Ezeiza, el ex policía de la provincia de Buenos Aires Gargano expresó que negaba “los hechos y la responsabilidad penal de lo que se lo imputa”. Por otro lado, desde Neuquén el ex Teniente Coronel Di Pasquale afirmó que estaba destinado a cumplir tareas en el sur durante 1977, hecho que fue refutado por el presidente del Tribunal Carlos Rozanski, ya que entre los elementos que obran en la causa se encuentra su legajo, en donde se afirma su presencia en La Plata durante ese período.

 

   El genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz afirmó ser inocente de los hechos que se lo acusa y que por su “cargo y jerarquía” le tocó matar, aunque no puede afirmar a cuántas personas. “Fue una lucha corpulenta, diaria en la ciudad de La Plata”, siguió el ex policía de la provincia de Buenos Aires, quien también reconoció que “lo haría hoy nuevamente”. Luego de negar saber a quiénes mató ante la consulta del Tribunal, el presidente respondió que como no recuerda a quiénes asesinó, puede ser imputado tranquilamente por los dos crímenes.

 

   El ex ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar Jaime Lamont Smart, se desvinculó de las acusaciones de la fiscalía que lo responsabiliza por la muerte de Antonio Bautista Bettini, en medio de un “festival de causas” por las cuales se lo juzga. Para el represor, “era un montonero, llevaba una pastilla de cianuro que fue extendida a la militancia montonera porque la cúpula se había ido del país y ellos recomendaban tomarse la pastilla”.

 

   Claudio Raúl Grande y Anselmo Pedro Palavezzatti trabajaban para la Oficina de inteligencia de Reunión de Interior durante 1977. Grande, señalado como uno de los guardias del CCD “La Cacha”, postula ser “confundido con otra persona”, y que durante ese período se encargaba de realizar una síntesis de diarios. Sin embargo, Palavezzatti desmintió que sólo se tratara de “actividades de prensa” ya que la función de esta área era “producir inteligencia” sobre diversos factores de poder tales como el educacional, sindical y política partidaria (hasta el golpe de estado del 24 de marzo de 1976).

 

   Asimismo, Palavezzatti destacó que diversos medios de comunicación tales como el diario El Día y Radio Provincia realizaban encuestas encubiertas para inteligencia del Ejército. El área Reunión Interior entregaba la información a la Jefatura del Destacamento, con el fin de plantear “una situación general de todo el país”, según destacó el imputado. También existían conexiones con la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires “Reunión Interior podía solicitar datos a DIPBA y DIPBA contestaba si quería o no”.Ante la interrupción del abogado defensor Losinno, quien planteó que las preguntas estaban por fuera del objeto de debate, la Fiscalía afirmó que la hipótesis principal del juicio es la vinculación entre el destacamento 101 y el CCD “La Cacha”. Asimismo, la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos representada por Oscar Rodríguez reafirmó que en este tipo de juicios “es necesario relacionar”.

 

  Ante la interrupción del abogado defensor Losinno, quien planteó que las preguntas estaban por fuera del objeto de debate, la Fiscalía afirmó que la hipótesis principal del juicio es la vinculación entre el destacamento 101 y el CCD “La Cacha”. Asimismo, la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos representada por Oscar Rodríguez reafirmó que en este tipo de juicios “es necesario relacionar”.